IU La Línea reitera al Ayuntamiento que remita la documentación necesaria para esclarecer el posible caso de enchufismo

IU La Línea solicita el decreto de Alcaldía por el cual se incorporan a la plantilla dos personas con categoría de monitores socioculturales, así como informe de la Concejalía de Personal solicitando dicha contratación.
Franco ha reprochado a responsables de IU La Línea que se dirigiesen antes a Fiscalía que al Ayuntamiento, a pesar de las reiteradas ocasiones en que el gobierno local le ha negado información a IU, cuarta fuerza política del municipio apoyada por más de 1400 votos en las últimas elecciones municipales.
Por dicha razón, y para dar una oportunidad al alcalde de que demuestra su tan cacareada transparencia, la semana pasada los coportavoces de IU La Línea, Manoli Álvarez y Gorka Carrión, remitieron un escrito dirigido a la Alcaldía solicitando la documentación que justifique la legalidad y oportunidad de incorporar a dos monitores socioculturales a la plantilla municipal.
Una contratación hecha a pesar del informe de reparo redactado por la Sra. Interventora del Ayuntamiento de La Línea y firmado y registrado el 7 de noviembre de 2016 y en el cual se pone reparo a la admisión dentro de la plantilla municipal, amparándose en sentencia judicial (autos de despido 446 y 447 de 27 de julio de 2016), de dos trabajadoras de Programas de la Junta de Andalucía. Según dicha sentencia el Ayto. linense tenía dos alternativas: la incorporación de dichas trabajadoras a la plantilla municipal o indemnizarlas por despido.
Las dos trabajadoras fueron contratadas a pesar de que el Ayuntamiento está sujeto a un plan de ajuste aprobado por el Ministerio de Economía y Hacienda que le impide hacer contrataciones a fin de no incrementar el Capítulo 1 de los Presupuestos Municipales.
Las sospechas de enchufismo y de una posible ilegalidad vienen dadas porque una de las trabajadoras contratadas por el Ayto. es familiar directo del sr. presidente de La Línea 100×100, partido político que ostenta la Alcaldía del municipio. Cabe la posibilidad que, ante el informe desfavorable de la señora Interventora, haya sido el concejal de Personal (La Línea 100×100) quien de manera unilateral tomara esta decisión. Los puestos otorgados a dichas trabajadoras son de la categoría Monitor Sociocultural, puestos nada prioritarios a cubrir teniendo en cuenta la precariedad del Ayuntamiento. Por otro lado, y siguiendo la legalidad a la hora de crear puestos de trabajo público, estas vacantes tendrían que haber salido a concurso oposición público.
Toda la información disponible se ha facilitado a la Fiscalía Anticorrupción para que esclarezca y verifique que el Ayuntamiento se ha atenido a la legalidad vigente.